Cuando se aprobó la ley mediante la cual se reformaba el Código Civil permitiendo los matrimonios homosexuales un sector de la judicatura de forma totalmente arbitraria se sublevó a celebrar dichos matrimonios apelando a la objeción de conciencia.
El benevolente C.G.P.J (Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Poder Judicial) en aras a actuar de forma corporativista, según la FELGTB (Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales), dejo impune a una Juez de Alicante (Laura Alabau) que además de insultar al Gobierno y a la Fiscalía se opuso frontalmente a dar validez a matrimonios contraídos por personas del mismo sexo.
Esta Juez inició su desobediencia civil y por lo tanto profesional al negarse a inscribir en el Registro Civil y del Notariado a dos británicos que en el año 2006 contrajeron matrimonio. En un uso manifiestamente arbitrario de la justicia y de creer que se esta por encima del imperio de la ley, en una carta destinada al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana alegaba, entre otros despropósitos que el Estado en aplicación de las leyes emanadas de las Cortes Generales soberanas y por lo tanto aplicables, sentirse víctima de “una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno” y con estas declaraciones, ¿dónde esta la separación de poderes?¿Quién es el Poder Judicial para difamar al Poder Ejecutivo y de paso deslegitimar al soberano Poder Legislativo (pese a que pueda haber cierta fusión de los mismos)?
Desde el PSOE, el Secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, tildo la actuación del C.G.P.J. (Consejo General del Poder Judicial) como vergonzosa.
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