El Pazo de la discordia

¿Quién no conoce el famoso Pazo de Meirás situado en el Ayuntamiento de Sada, en la provincia de A Coruña?. Su historia en la contienda civil desatada tras el alzamiento nacional de julio de 1936 tuvo su particular protagonismo en el año 1938 cuando los delegados franquistas en la provincia de A Coruña, en un uso autoritario de la fuerza del bando nacional, lo entregaron para el disfrute del período vacacional del tirano caudillo de España.
Este Pazo fue en un primer momento propiedad de la escritora coruñense Emilia Pardo Bazán, tras su muerte (mayo de 1921) y la de su hijo Jaime, ubicado este en Madrid en el año 1936, sus propietarias legítimas pasaron a ser Blanca Quiroga de Pardo de Bazán (hija de Emilia Pardo) y Manuela Esteban Collantes (viuda de Jaime). Cabe destacar que en un principio estas legítimas propietarias barajaron y propusieron donar el Pazo a los jesuitas, pero esta orden religiosa rechazo las condiciones en las cuales se efectuaban los términos de dicha donación.
Las autoridades franquistas para obsequiar al tirano, por lo que entendían ellos salvador de la patria. Constituyeron una Comisión encargada de relacionarse con las dueñas del Pazo de Meirás. Esta Comisión recibió el nombre de “Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo” y estaba dirigida por el Gobernador Civil de A Coruña, Julio Muñoz Aguilar y por el banquero Pedro Barrie de la Maza (posteriormente Conde de FENOSA).
No obstante yo lo que denunció no es que según las normas de derecho privado, sea propiedad de la familia Franco, sino la forma en la cual fue recaudado el dinero para su compra. Porque no hay que tener muchas luces para observar que en una dictadura las aportaciones voluntarias son realmente aportaciones voluntario-obligatorias en las cuales los métodos de recaudación iban desde porcentajes a retener de los emolumentos de los funcionarios del Concello de A Coruña y del personal de la Diputación Provincial, hasta la emisión de bonos de aportación “voluntaria” en los cuales las autoridades franquistas fijaban las cantidades a aportar y la negativa a aportar de forma “voluntaria” podía ser tildada de una falta de lealtad al alzamiento y de forma más personal al generalisimo.
Con lo cual según lo que expuse anteriormente la legitimidad de sus dueños puede ser cuestionable y cuestionada.
De hecho en los pocos temas en los cuales se ponen de acuerdo las fuerzas partitocráticas del Parlamento de Galicia cabe señalar que de forma unánime están de acuerdo con la declaración del Pazo como BIC (Bien de Interés Cultural).
Por otra parte la familia Franco, y en concreto la hija del tirano, reitera de forma seguida que es su casa y por lo tanto no la va abrir para el acceso al público.
También, para no extenderme más, cabe apuntar que en el registro del catastro pese a la muerte de sus propietarios (Francisco Franco y Carmen Polo) siguen figurando como tales, por lo tanto constituye una irregularidad ya que como bien dije están muertos.